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Corría el año 2005, cuando los países de la Comunidad Europea aceptaban de forma unánime, implementar políticas en sus respectivas legislaciones que sancionen, prohíban y sobre todo eviten el blanqueo de dinero así como la financiación de activismo terrorista en sus naciones. Esta adopción de políticas y aplicación a las respectivas legislaciones se debía dar como máximo en el transcurso de dos años hasta diciembre 27 del 2007

Estamos ya a octubre del 2008 y ni España, Bélgica, Irlanda o Suecia han hecho ningún avance en el tema demostrando no solo decidía sobre el tratado sino que además deja mucho que pensar sobre las fuerzas oscuras que se mueven tras los intereses de no avanzar en la aplicación de estas recomendaciones.

Esta directiva que se aprobó en 2005 contiene 40 recomendaciones sobre el endurecimiento del régimen de cada nación contra el blanqueo de capitales, sobre todo en sectores como el bancario, financiero, legal, contable e inmobiliario, sectores que desde hace muchos años se conoce han sido manipulados por los hilos de imperios que se han basado en actividades ilícitas y reñidas con la ley.

Sin duda si España y el resto de países se animaran a dar ese paso, esto sería un rotundo golpe contra las mafias que durante años se han dedicado actuar al margen de la ley, sobre todo con conocimiento de que hasta la actualidad esta ha sido demasiado benevolente o inexistente en algunos casos.

Ahora la acusación reposa en los archivos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y de seguro no será cuestión de mucho tiempo antes que este Tribunal haga escuchar su veredicto con la consabida multa económica que esto conllevará de ser el caso probado de negligencia intencional de cada una de las naciones involucradas en el tema de la implementación de dichas regulaciones y normativas.